Las casetas varadero llevan camino de convertirse en un caballo de batalla, en un elemento de reivindicación no sólo de la sociedad formenterense sino también de las instituciones y los partidos políticos de la isla. La lucha enfrenta a la Demarcación de Costas de Balears, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, con la isla de Formentera en toda su acepción política y social. El problema, como dijo hace unos días el representante del GIF, Joan Robert Masdeu, es que «la Demarcación de Costas ha utilizado Formentera como conejillo de indias en temas tan polémicos como el deslinde de la zona marítimo-terrestre, la regeneración del sistema dunar y ahora con la legalización de las casetas varadero».
El presidente del PP de las Illes Balears, Jaume Matas, en una reunión mantenida el pasado sábado en Formentera, ponía el grito en el cielo ante la decisión de Costas de imponer un canon de 1.000 pesetas por metro cuadrado de ocupación, pasando por alto que ha sido durante su mandato como presidente de la Comunitat Autònoma cuando se han tomado estas decisiones, en las que participaba una de sus conselleries.
Volviendo la vista atrás se debe tener en cuenta que todo este proceso, el de la legalización del uso de las casetas varadero de Formentera, se basa en la Ley de Costas de 1988, cuando el PSOE gobernaba en Madrid y el PP en Balears, y sobre todo en una denuncia efectuada por el GEN de Eivissa alertando al Defensor del Pueblo de las actuaciones que se llevaban a cabo en el litoral de Eivissa, en el que se estaban construyendo chalets con la excusa de hacer o arreglar casetas varadero. Desde los partidos políticos se pretende ahora que los 352 usuarios de las casetas varadero oficialmente registradas por Costas en la isla de Formentera se agrupen en una asociación a través de la cual vehiculizar sus quejas y peticiones, que como todos los partidos han dicho serán apoyadas hasta el final desde los grupos políticos y desde el Ayuntamiento.