El Govern tiene disponibles los 9.000 millones necesarios en caso de que el Tribunal Constitucional dictamine que el impuesto ecológico es nulo. El conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, explicó ayer que el Govern dispone de operaciones de crédito para devolver los 9.000 millones a todas las empresas afectadas por el impuesto ecológico. Esta cantidad incluye los intereses generados por el volumen económico pagado por las grandes empresas durante los ocho años de vigencia del impuesto. Las empresas han pagado el impuesto desde 1992, aunque en algunos casos se han depositado avales bancarios. El Ejecutivo autonómico ha cobrado el impuesto, pero nunca ha utilizado la recaudación generada a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
El Govern espera de manera inminente la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque durante los últimos días ya ha trascendido que la ponencia que estudia el asunto se muestra contraria a la aplicación de dicho impuesto. Si los magistrados del Constitucional aceptan la tesis de la ponencia, que parece lo más probable, todo parece indicar que el Tribunal daría la razón a las empresas recurrentes y obligaría al Govern a devolver todo el dinero recaudado. Algunas de las grandes empresas afectadas por este impuesto están al corriente del escrito de la ponencia a través de sus abogados.
Mesquida subrayó que «una sentencia contraria al Govern supondría un importante perjuicio económico para la Comunitat Autònoma, aunque afortunadamente nosotros tenemos el dinero depositado en cuentas bancarias». «En este momento sería imposible aumentar el endeudamiento para disponer de 9.000 millones si el Tribunal Constitucional nos obliga devolver el dinero a las empresas», precisó Mesquida.