El equipo de gobierno del Consell Insular defendió ayer la legalidad y la eficacia del sistema de contratación de obras, servicios y bienes por parte de la institución. El Pacte salió así al paso de las críticas vertidas desde el grupo popular que considera «una burla para los ciudadanos» el hecho de que el gobierno progresista haya decidido adherirse al sistema de contratación centralizado por la Dirección General de Patrimonio, que depende del Ministerio de Economía.
Según señala un comunicado hecho público por el gobierno del Consell, el sistema centralizado afecta a las compras de bienes y a los servicios que requieran un expediente de contratación, es decir, aquellas que superan los dos millones de pesetas. Según el Pacte, este sistema supone un ahorro medio del 30 por ciento del coste en aquellas adquisiciones con un expediente de contratación, un ahorro que, según el Pacte, «se invertirá en mejorar las prestaciones que reciben los ciudadanos».
El equipo de gobierno asegura que el nuevo sistema de compras «no vulnera ningún procedimiento ni tramitación» y en este sentido se aclara que, por el principio de economía administrativa, se encarga a la Dirección General de Patrimonio que realice los expedientes administrativos. El gobierno del Pacte Progressista considera que este sistema de compras servirá para reportar «grandes ventajas» al Consell y a los ciudadanos y se recuerda al PP que las actuaciones están controladas por un organismo que depende del Ministerio de Economía, una administración gobernada por el Partido Popular.
En el mismo comunicado, el Consell aclara que es «totalmente falso» que este sistema de compras discrimine a la empresas de las Pitiüses. Así, el Pacte recuerda que el sistema en cuestión no afecta a todas las compras y que se homologan marcas y productos pero no impide que sean los distribuidores insulares los que suministren el material.