La consellera de Benestar Social, Fernanda Caro, reclamó ayer al Gobierno central un mínimo de 2.500 millones para poder hacer frente a la nueva Ley de Responsabilidad Penal del Menor que entrará en vigor en enero próximo. Caro advirtió que dicha ley es «buena» pero «fracasará» porque no transfiere los medios y recursos económicos para poder hacerle frente. Al respecto, Aina Rado, directora general de Menors, expuso que «uno de los graves problemas que tiene la ley es que se necesitan una serie de infraestructuras y recursos que el Gobierno no ha transferido».
Hasta ahora el Govern de las Illes Balears tenía las competencias de menores pero no a partir de los 16 que correspondían a Instituciones Penitenciarias. El Gobierno, criticaron, «nos pasa la gestión de este tramo de edad "el más conflictivo y donde se dan más delitos" pero no nos da ni una peseta para hacerle frente bien sea de forma directa o a través de convenios».
Por su parte, Fernanda Caro y el vicepresidente de la Fundació Projecte Jove, Tomeu Català, firmaron ayer un convenio de colaboración dirigido precisamente a hacer efectivas las medidas alternativas de internamiento "esto es el internamiento terapéutico en centros especializados" contempladas en la nueva ley de menores dirigidas a jóvenes con problemas de drogodependencias que han cometido algún delito. El convenio por un importe de 11'8 millones contempla cuatro plazas, ampliable a seis, de tratamiento terapéutico en Projecte Jove.