Todos los colectivos pertenecientes a la Pimeef que se consideran afectados por la moratoria urbanística -canteros, transportistas, distribuidores de materiales de construcción y electricistas, entre otros,- presentarán sendas alegaciones a la normativa cautelar aprobada por el Consell ya que consideran que «existen numerosos puntos de dudosa legalidad» en el texto. Los diferentes sectores no descartan presentar además recursos contenciosos administrativos contra la moratoria.
Las diferentes asociaciones tomaron esta determinación durante una reunión que se celebró ayer en la sede de la patronal pitiusa en la que concretaron su postura, totalmente contraria, a la norma. Así, el presidente de Pimeef, Antoni Marqués, aseguró ayer en nombre de los afectados que el sector de la construcción «siempre ha trabajado siguiendo la legalidad vigente y en cumplimiento de la planificación urbanística creada por quienes detentaban la responsabilidad de gobierno en ese momento, teniendo estos representantes idéntica legitimidad democrática que los que ahora han aprobado dicha norma cautelar».
Marqués denunció el hecho de que determinados políticos apliquen al colectivo de constructores términos como «especuladores» o «destructores del paisaje» porque son «injuriosos e indignos para justificar sus actuaciones, de dudosa legalidad».Los sectores afectados aseguraron que siempre han defendido «una clarificación en el modelo territorial de las islas». El portavoz de la plataforma sectorial contra la moratoria mientras dure el conflicto será Pablo Arriba, actual presidente de la Asociación de Constructores de Pimeef.