El vertedero insular de Eivissa crece cada año cerca de una hectárea y en estos momentos ocupa una superficie aproximada de 122.000 metros cuadrados, que sumados a los terrenos colindantes que han quedado inutilizados supone un área total de 25 hectáreas. Este es uno de los datos que se recogen en el informe elaborado por la asociación Hábitat y Basuras que se ha entregado a los responsables del Consell Insular para que estudien las posibles alternativas al tratamiento de los residuos sólidos urbanos de la isla.
Según se desprende de este estudio, las instalaciones actuales de Jesús recogen el vertido de los residuos que se producen en la isla de Eivissa, aunque existen también otros puntos de vertido ilegales e incontrolados en la isla. El estudio entregado al Consell Insular destaca que el vertedero de Ca Na Pucha, «no dispone de sistemas de impermeabilización, drenaje y captación y tratamiento de lixiviados» por lo que se destaca la posibilidad de producir «efectos ambientales sobre los recursos de aguas subterráneas». Todos estos datos, unidos al incumplimiento de la Directiva Europea 1999/31 que establece las condiciones, de obligado cumplimiento, para los vertederos en cuanto a la ubicación, el control de aguas, los gases y la protección del suelo demuestran, según destacaron los responsables de Hábitat y basuras, «la necesidad de buscar alternativas legales a la gestión de los residuos en las Pitiüses».
Según explicó el portavoz de la asociación, Daniel de Busturia, el estudio presentado al Consell, elaborado por la empresa Covitecma, «es una opción seria y fundamentada para buscar soluciones a un problema grave» y, en este sentido, se refirió a la propuesta de utilizar las canteras abandonadas de la isla para que, después de su adecuación, se puedan utilizar para el vertido de residuos y su posterior recuperación medioambiental. Además de esta propuesta, en el mismo estudio se solicita la clausura del actual vertedero, «para poder recuperar la zona». A raíz de la situación actual, para recuperar esta instalación serían necesarios «20 años de intervención», según explicó el portavoz de Hábitat y Basuras, Daniel de Busturia.