El president del Govern, Francesc Antich, recordó ayer a GESA que el Ejecutivo tiene la obligación de controlar que el funcionamiento de la empresa es el correcto y añadió que la empresa debe tener en cuenta que los fallos de suministro producidos el pasado mes de junio tienen «consecuencias». El president realizó estas declaraciones tras la audiencia que tuvo con el Rey en el Palau de l'Almudaina.
El president no quiso ser más explícito acerca de la expediente sancionador que el Govern ha abierto a la empresa y en el que se considera que GESA cometió una falta muy grava al actuar con negligencia. En el expediente se señala que las sanciones por cumplir determinadas prescripciones legales pueden llegar a los 50 millones de pesetas cada una de ellas. Lo que sí quiso dejar claro el president del Govern es que el Ejecutivo quiere dar a GESA toda las garantías posibles de defensa. Por esta razón, Antich aseguró que las resoluciones sancionadoras no serán definitivas hasta que la empresa no presente sus alegaciones y el Govern las analice.
«Queremos garantizar la posibilidad que tiene todo el mundo de defenderse y por eso esperaremos a las alegaciones de la empresa», señaló Antich. Antich aseguró que la empresa cometió una serie de fallos y que el Govern tiene la obligación de analizar estos problemas y actuar en consecuencia. Antich reiteró que una de las principales preocupaciones del Govern es la liberalización del sector eléctrico, que puede tener consecuencias muy graves para las Islas. Por eso insistió en la importancia de la reunión con el vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato para que se elabore una normativa específica para las Islas que evite que los ciudadanos de Balears paguen más caro el precio de la energía.