El Partido Popular quiere que el Govern de les Illes Balears aclare si es cierto que algunos altos cargos políticos, especialmente de Eivissa y Menorca, se verán beneficiados por la aprobación de las moratorias urbanísticas al ser propietarios de terrenos que han quedado sospechosamente fuera de las normas cautelares.
El portavoz del PP en el Parlament balear, José María González Ortea, considera que dadas las «informaciones muy graves» que se han dado a conocer en los últimos días y puesto que el Ejecutivo autonómico es «responsable subsidiario» de estas normas territoriales, es imprescindible saber «qué gestiones ha hecho para averiguar si todo esto es cierto o no». González Ortea ha presentado un escrito en el registro del Parlament solicitando una convocatoria urgente de la Diputación Permanente, el único órgano que puede reunirse mientras no se abra oficialmente el periodo de sesiones de la Cámara legislativa. Los populares quieren que comparezca el conseller d'Obres Públiques, Josep Antoni Ferrer, y dé cuantas explicaciones se consideren necesarias.
El diputado popular señaló ayer que las normas territoriales cautelares que han sido aprobadas por los consells insulars fueron totalmente «precipitadas» y han provocado «una confusión enorme», como han manifestado «alcaldes de todas las islas y de todo signo». «Los ciudadanos están confusos no sólo porque no entiendan cómo les afecta la norma, sino porque ni siquiera saben si están o no afectados por ella», critica este parlamentario de la oposición.