El Consell Insular decidió ayer interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Sant Josep por su negativa a revisar dos licencias de obras que se están ejecutando en la zona de Cap Llentrisca. El Pacte Progressista defendió que ambas deberían ser consideradas nulas de pleno derecho porque no fueron remitidas a la Comissió Insular d'Urbanisme a pesar de que este trámite era obligatorio.
Los consellers del Pacte Progressista y el del grupo mixto dieron su apoyo a esta medida, mientras que el Partido Popular expresó su desacuerdo no sin antes recordar que estos expedientes «que traen cola», habían sido el principio del fin de la mayoría absoluta de la izquierda en el Consell, ya que sembraron un gran desacuerdo entre Joan Buades (ahora en el grupo mixto) y el resto del equipo de gobierno. La consellera del PP Neus Marí expresó la opinión de su grupo de que se está iniciando «una persecución contra el Ayuntamiento de Sant Josep» y calificó la actuación «precipitada e irregular».
No fue éste el único asunto relacionado con el urbanismo y el territorio que se trató en la sesión plenaria de ayer, que se prolongó durante cerca de cuatro horas. Una moción de control de Buades permitió tratar con amplitud la polémica de es Pouet, momento en el que la presidenta de la institución, Pilar Costa, anunció que la institución hará cuanto esté en su mano para conseguir que se cumpla la legalidad vigente y, especialmente, la moratoria urbanística. Costa acusó directamente al PP de estar apoyando «de forma indirecta» la desobediencia de los promotores de es Pouet o situaciones de similares características, algo que el portavoz del Partido Popular, Pere Palau, negó rotundamente añadiendo que, en cualquier caso, tienen derecho a criticar la norma cautelar por ser éste un estado de derecho que permite la libre expresión.