Más de cuarenta empresas pitiusas de construcción y derivados asociadas a la patronal Pimeef han presentado alegaciones contra la Norma Territorial Cautelar dictada por el Consell Insular el pasado 28 de julio. El presidente de la Asociación de la Construcción, Pablo Arriba, confirmó ayer que las diferentes compañías consensuaron un texto único con las alegaciones y que lo pasaron por el registro del Consell antes de que finalizase el primer plazo de presentación, que ha sido ampliado hasta el 6 de septiembre.
Los colectivos de canteros, transportistas, distribuidores de materiales de construcción y electricistas, entre otros, consideran que «existen numerosos puntos de dudosa legalidad» en el texto de la Norma Territorial Cautelar por lo que sus objeciones a la moratoria están en la línea de las alegaciones de los ayuntamientos pitiusos gobernados por el PP.
Los diferentes empresarios del sector tampoco descartan presentar recursos contenciosos administrativos contra esta norma, tal y como señalaron en la primera reunión del colectivo tras la aprobación de la Norma Territorial Cautelar.
Una vez que se presenten todas las alegaciones se definirá la redacción definitiva de la moratoria que quedará aprobada en un plazo máximo de tres meses. Será entonces cuando se conocerá si se ha procedido a la modificación de algunos de los puntos que ofrecen dudas jurídicas sobre la efectividad en la aplicación de la norma, aunque fuentes del Consell Insular han reiterado que la posibilidad de que existan dudas jurídicas, «es pequeña».