El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Reganes, defendió ayer la legalidad de la actuación municipal en el caso de las licencias de Cap Llentrisca que el Consell Insular llevará a los tribunales, aunque añadió que la institución insular «es muy libre» de plantear un contencioso-administrativo si considera que las cosas no se han hecho de forma correcta.
El concejal, que reconoció que esta actuación del Consell no pilla por sorpresa al equipo de gobierno porque ya había sido anunciada, explicó que su postura será ahora «esperar a ver lo que ocurre» y dejar que sean los tribunales quienes determinen si, tal y como el Consistorio defiende, todo se hizo conforme a la legalidad vigente.
Marí Ribas apuntó que otorgar licencias de obras es una competencia municipal y que si estas dos en cuestión no fueron remitidas a la Comissió Insular d'Urbanisme (CIU) como ahora reclama el Consell, sería «porque habría algún motivo para que no se hiciera». «De hecho, creo que por aquel entonces la CIU ni existía y los permisos fueron bien otorgados», añade el responsable de Urbanismo del Consistorio.
En el fondo de toda esta polémica se encuentra el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cala d'Hort, que afecta a la zona de Cap Llentrisca. Reganes recuerda que el Consistorio ha recurrido la orden de la consellera balear de Medi Ambient por la que se ampliaban los terrenos afectados por el PORN, entre los que se encuentran los de estas dos viviendas.