La juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, Loreto Arroyo, dictó anteayer un auto en el que desestima el recurso de reforma que interpuso el fiscal Manuel Campoy (y al cual se sumó el Consell Insular) contra la decisión de no conceder la suspensión cautelar de las obras de es Pouet. La juez mantiene su primera resolución en su integridad y da nuevos toques de atención tanto a la Administración como al propio Ministerio Fiscal.
Según el auto, la falta de autorización del juzgado de lo Contencioso-Administrativo para precintar las obras la forma de actuar del Consell Insular «tiene todos los indicios de ilicitud en cuanto se opone a una normativa específica». Considera además la juez que «resulta paradójico que la Administración acuda en denuncia al Ministerio Fiscal y éste a la Justicia y luego se prescinda de lo que ésta decida procediendo nuevamente el Consell Insular a la suspensión y precinto de las obras».
Este escrito rebate los argumentos utilizados por el fiscal sobre la necesidad o no de precisar del permiso judicial para entrar en la propiedad en la que se estaban desarrollando las obras, actualmente paralizadas. Entiende la juez que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dicen «clara y literalmente que la autorización mediante auto se necesitará para la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares», lo que no deja fuera, en opinión de la juez, los terrenos de las obras de es Pouet.
Además, se expresan dudas que no habían sido planteadas en el primer auto, como cuando se puntualiza que «parece no haberse notificado en un plazo ni en forma a los interesados sino posteriormente a la entrada en el lugar» que iba a procederse al precinto.