El Juzgado de primera instancia e instrucción número cuatro de Eivissa ordenó ayer la paralización, en un plazo de 24 horas, de las obras de es Pouet, con el objetivo de garantizar que, en caso de que se esté cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad, éste no siga prolongándose.
El juez Manuel Carrillo señala en un auto fechado el pasado sábado y notificado ayer a las partes que existen «indicios racionales de criminalidad», por lo que rechaza la posibilidad de archivar las diligencias abiertas y llama a declarar a nueve personas en calidad de imputados. Entre ellas se encuentran los arquitectos responsables de las obras, Javier Magriñá y Antonio Huertas; Juan Lladó, como representante de la empresa Wallis, y otros responsables de la promotora y constructoras que encabezan el proyecto. Todos ellos pasarán por el juzgado el próximo 4 de octubre.
Además, el magistrado les advierte de que, en caso de incumplirse el requerimiento de paralización de las obras, «se podría incurrir en delito de desobediencia grave a la autoridad judicial», distinto del que se instruye que sería de desobediencia a la autoridad administrativa.
Una vez conocida esta resolución judicial, la presidenta del Consell Insular, Pilar Costa, compareció ayer para dar cuenta de las actuaciones de la institución en relación con este polémico caso. Costa señaló que el Consell ha hecho «todo lo que podía hacer», incluida la «ejecución forzosa» de una normativa y defendió que una vez que una administración dicta una norma «tiene capacidad para ejecutarla». La presidenta defendió que no se necesita una orden judicial para colocar un precinto y lamentó que se haya llegado a esta situación.