El Juzgado de instrucción número 4 de Eivissa recibió el pasado nueve de octubre una carta orden de la Audiencia Provincial de Palma en la que se ordena que se emita «el oportuno informe respecto al recurso de queja interpuesto por el Ministerio Fiscal» contra el auto que dictó la juez sustituta Loreto Arroyo denegando la toma de medidas cautelares en los terrenos de es Pouet.
Aunque el juez titular de Eivissa, Andrés Carrillo, será el encargado de continuar con las diligencias previas por un presunto delito de desobediencia a la autoridad administrativa por parte de las empresas promotoras y constructoras de las obras, será la Audiencia quien dirima si se debían o no paralizar de forma cautelar los trabajos.
A día de hoy, el juzgado ibicenco no ha recibido ninguna notificación de la Audiencia Provincial que demuestre que está admitido el recurso de queja planteado por los mismos motivos por el Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Como ya informó este diario, la institución insular había perdido la posibilidad de recurrir en queja ante la Audiencia por no haberlo hecho previamente ante el propio Juzgado de instrucción. Sin embargo, este extremo ha sido negado con rotundidad por el Consell que llegó a asegurar que su recurso había sido ya admitido a trámite.
Por otra parte, dos autos del juez Carrillo del pasado 10 de octubre desestiman los recursos de reforma presentados por la empresa Progen, promotora de las obras, y el empresario Juan José Zubimendi, contrarios a la paralización cautelar de las obras que sí ordenó este juez a diferencia de lo que inicialmente había hecho su sustituta.