La presidenta del Consell Insular, Pilar Costa, presentó ayer junto al conseller de Territori, Josep Marí Ribas, el texto definitivo de la moratoria urbanística que se presentará hoy al pleno de la institución y quiso dejar claro «que esta moratoria no está creando derechos indemnizatorios porque no anula ningún derecho de ningún ciudadano». «Sólo deja en suspenso algunas actividades o algunos afectos de determinadas licencias y esto no quiere decir anular nada. Nosotros defendemos que esto no da lugar a ninguna indemnización», añadió.
El equipo de gobierno se mostró convencido de que la Norma Territorial Cautelar (NTC) que sólo podrá salir hoy adelante con el voto de calidad de la presidenta (ante el probable empate a seis votos) tiene «un amplio consenso social» porque, según Costa, se han «recogido las demandas mayoritarias de la sociedad». Sin embargo, apenas han sido tenidas en cuenta las más de 80 alegaciones presentadas contra el texto puesto que, o bien proponían «tirar la moratoria a la basura» o bien planteaban su ampliación, algo que el equipo del Pacte Progressista tenía decidido a priori no hacer, dijo Marí Ribas. El estudio de las alegaciones, según el conseller, ha sido «un proceso riguroso» y sin «ideas preconcebidas».
Costa puntualizó que se había recogido el espíritu de algunas de esas aportaciones aunque, al parecer, el informe realizado por los servicios jurídicos del Consell las ha desestimado todas. También se han rechazado las propuestas del conseller del grupo mixto Joan Buades, que había reunido las principales reivindicaciones de los sectores ecologistas. A esos sectores, el Pacte envió ayer el mensaje de que esta moratoria es sólo un «primer paso». «No se le puede pedir al Consell que una norma cautelar arregle todos los problemas urbanísticos», dijo la presidenta.
Finalmente, Costa dijo que si no ha existido negociación alguna con el Partido Popular ha sido porque estos todavía no han dicho qué tipo de moratoria estarían dispuestos a aceptar.