El conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, Antoni Garcías, negó ayer en el Parlament que el Ejecutivo autonómico haya pactado, verbalmente o por escrito, con el Consell Insular pitiuso cómo se hará frente a las posibles indemnizaciones económicas que se deriven de la aplicación de la moratoria urbanística.
Garcías, que fue preguntado por esta cuestión por el diputado autonómico del PP Josep Juan Cardona, reconoció que esta cuestión se había hablado con la presidenta del Consell, Pilar Costa, pero dijo que no hay «ningún acuerdo cerrado». Entre otras cosas, añadió el conseller, porque se trata de una cosa «intangible». Garcías explicó que no hay ninguna previsión sobre la cantidad de dinero que puede tener que pagarse a propietarios de terrenos afectados por la Norma Territorial Cautelar, por lo que insistió en que no puede existir ningún acuerdo sobre quién abonaría dicha cantidad.
Juan Cardona dijo que se «temía» esa respuesta, pero añadió que la presidenta sí había aludido en declaraciones públicas a la posibilidad de que el Govern, que es quien tiene las competencias en materia urbanística, ayudara al Consell Insular a asumir los futuros costes de la moratoria. Según Juan Cardona, las instituciones gobernadas por el Pacte se están pasando «la responsabilidad de unas a otras» y están, además, encubriendo «acciones de dudosa legalidad». Según el parlamentario popular, está claro que habrá que pagar puesto que tanto el informe jurídico encargado por el Consell como el realizado por el Govern contemplan esa posibilidad.