El Gobierno decidió ayer, como estaba previsto, recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Consells insular del Parlament y solicitar su inmediata suspensión, al entender que vulnera el orden de competencias que establece la Constitución.
Según informó el Ministerio de Administraciones Públicas, el recurso se dirige contra once artículos de la ley, en concreto a los que hacen referencia a la creación de los consells executius y a la existencia en ellos de miembros no electos. También se impugnan los artículos que regulan la creación, funcionamiento, control y fiscalización de otros órganos directivos dependientes del consell executiu.
En opinión del Gobierno la ley concibe el nuevo consejo ejecutivo como órgano de gobierno y administración ejecutiva de los consells y lo dota de «una composición y facultades que desbordan con gran amplitud las que podrían atribuirse a un órgano complementario». En consecuencia, Balears «careciendo de competencia para ello, está llevando a cabo una innovación y alteración en el sistema organizativo de los consells».
Por su parte, el presidente del Govern, Francesc Antich, acusó al Gobierno de «deslealtad institucional» y, utilizando un símil futbolístico, consideró que el Ejecutivo central está sometiendo al Govern «a un marcaje político sin precedentes». Antich defendió la constitucionalidad de esta normativa, que, según recordó, se basa en el Estatut d'Autonomia, en el cual se recoge la doble naturaleza de los consells insulars como entidades locales y autonómicas. El presidente socialista del Govern balear destacó que la Ley cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos, que avalan su constitucionalidad.