El conseller del grupo mixto Joan Buades ha presentado una moción para el próximo pleno del Consell Insular en la que solicita la creación de la figura del defensor de la ciudadanía pitiusa. Su función básica sería la investigación y propuesta de resolución de «presuntos abusos cometidos por la Presidència, la Comissió de Govern, los demás órganos ejecutivos, los consellers y por el personal fijo o eventual de la Corporación a instancias de las quejas formuladas por escrito por parte de los ciudadanos o de las entidades cívicas», según se detalla en el texto de la moción.
El defensor de la ciudadanía tendría acceso «sin obstáculos» a la documentación pública depositada en el Consell «que pueda relacionarse con las quejas formuladas». También tendrá la facultad de hacer manifestaciones públicas «y exclusivamente desde el punto de vista del respeto o no de los derechos de los ciudadanos».
Anualmente, el defensor de los ibicencos tendría que rendir cuentas a través de un informe, de difusión pública, de las actuaciones realizadas y de la ejecución del presupuesto de la oficina que tendrá a su cargo. Según la propuesta de Buades, el candidato no podrá ejercer cargos públicos ni estar contratadopor las diferentes administraciones radicadas en las islas. Forzosamente deberá ser residente en las Pitiüses, su nombramiento deberá ser votado en el pleno y necesitará contar con al menos el respaldo de dos tercios de los miembros de la Corporación. El conseller ecologista cree que esa figura servirá para fortalecer la democracia en las islas.