La Plataforma de Propietarios de Fincas Rústicas de Sant Joan presentará hoy un escrito de alegaciones ante el Defensor del Pueblo relacionadas con los problemas que la aplicación de la Normativa Territorial Cautelar ha provocado a numerosos residentes de la zona. Así, piden al Defensor del Pueblo que se incoen diligencias «para garantizar a los vecinos del municipio una participación directa y efectiva» en las materias de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. A juicio de los integrantes de la Plataforma, la situación actual, derivada de la aplicación de varias restricciones urbanísticas desde el año 1999, «lesiona abiertamente el derecho de propiedad recogido en la Constitución española».
En un escrito remitido por la portavoz de laasociación, la abogada Cristina Marí, se señala que la aplicación de las últimas normativas urbanísticas demuestra que la Administración «trabaja a marcha forzada para cumplir unos programas bajo el lema de todo para el pueblo pero sin el pueblo», un estilo que comparan con el del Despotismo Ilustrado.
Marí recuerda que los vecinos de Sant Joan han sufrido una «cadena continua de restricciones» desde 1999: se les ha prohibido construir viviendas unifamiliares en 30.000 metros cuadrados de zonas ANEI; una norma cautelar redactada desde el Govern balear ha suspendido el crecimiento en los tres únicos cascos urbanos del municipio en vías de desarrollo, y, finalmente, el Consell ha decretado una última Norma Cautelar.
Según apunta la portavoz de la Plataforma, «vagamente se excusan apuntando a la temporalidad de estas prohibiciones», si bien «la realidad es que la norma escrita prohíbe tajantemente a título gratuito y de forma indefinida el uso edificatorio en las zonas ANEI».