La consecuencia más directa de la anulación de este impuesto es que el Govern se verá obligado a devolver 7.300 millones de pesetas a las empresas afectas en concepto del dinero recaudado indebidamente más los intereses. Pero la anulación del impuesto ecológico por parte del Constitucional le saldrá muy caro a la Comunitat. De forma indirecta, como consecuencia del fallo, el Govern sumará una deuda de unos 25.000 millones de pesetas derivados directamente del impuesto ecológico. Esta cantidad extraordinaria coloca a la Comunitat con una deuda cercana a los 70.000 millones, a los que además hay que sumar el endeudamiento de las empresas públicas.
Esta importante cantidad de deuda se debe a que el Govern tan sólo ha cobrado "y gastado" 5.000 millones de todos los que ha presupuestado desde 1992. Las empresas afectadas estaban obligadas a depositar el dinero del tributo en forma de aval, pero el Govern no podía gastarlo. Por esta razón, entre 1998 y 2000 tuvo que recurrir a más de 13.500 millones de deuda para cuadrar el presupuesto. A todas estas cantidades se suman los 3.300 millones que estaban presupuestados para el año que viene y que, como no se cobrarán, deberán solicitarse a una entidad financiera.
A la vista de este panorama, el conseller d'Hisenda aseguró que la sentencia del Constitucional era realmente una mala noticia para las finanzas de la Comunitat. «A mí me hubiera gustado que fuera una sentencia favorable», reconoció Mesquida, a pesar de que, en su momento, su partido se opuso al impuesto. Esta situación ha obligado al Govern a volver a negociar todo su escenario presupuestario de deuda con el Gobierno central. Mesquida aseguró que ayer mismo se puso en contacto con el secretario de Estado de Hacienda para pedirle una reunión en la que se deberá renegociar las limitaciones de endeudamiento de la Comunitat, dado lo extraordinario de la situación.