La presidenta del Consell Insular, Pilar Costa, dijo ayer que no comparte «el razonamiento jurídico» que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Balears en la sentencia que determina que la Comissió Insular d'Urbanisme no tenía por qué otorgar la declaración de utilidad pública a la desaladora del campo de golf de Cala d'Hort porque el proyecto completo ya había recibido la declaración de interés social. Costa dijo, sin embargo, que acataba respetuosamente la resolución judicial, aunque consideró que apenas tendrá consecuencias porque las obras de Cala d'Hort están paradas y la zona será protegida.
Costa dijo que los progresistas no sólo criticaron las decisiones sobre procedimiento que adoptó el equipo de gobierno del Partido Popular sino, especialmente, «las decisiones políticas como la de conceder a un campo de golf en Cala d'Hort la declaración de interés social».
En abril de este año, el Pacte Progressista decidió allanarse en este caso, es decir, dar la razón al demandante (Els Verds) a pesar de que la parte demandada era, precisamente, la institución que ellos gobernaban. Entonces, Pilar Costa dijo textualmente la obligación de todo su grupo era ir «en contra de decisiones que no siguieron los trámites legales correspondientes». Ayer, la presidenta dijo que la decisión de allanarse había sido criticada por el PP porque podía perjudicar a la promotora, «pero se ha demostrado que no es así».
Por su parte, desde el PP, que tiene previsto profundizar sobre este asunto en una comparecencia pública prevista para el lunes, se apuntó ayer que por fin «ha quedado patente, después de toda la tinta que corrió, que las cosas se hicieron correctamente».