La compañía GESA ha iniciado los trámites para presentar un contencioso-administrativo contra la Norma Territorial Cautelar por los perjuicios económicos que, según se asegura desde la empresa, le ocasiona la obligación de soterrar los tendidos que atraviesan suelo rústico. Uno de los proyectos afectados es el de Es Canar-Punta Verde, línea a la que la Comissió Insular d'Urbanisme (CIU) concedió en su última reunión el interés general siempre y cuando los cables se soterren.
Sin embargo, los problemas de GESA con esa línea -que según la compañía es vital para mejorar el suministro en una zona tan saturada como Es Canar- arrancan cinco años atrás, no ahora. Según los datos facilitados por la directora general de Indústria, Francisca Vives, fue en 1995 cuando la empresa inició los trámites para conseguir la aprobación de las administraciones públicas. Pero aquel año ya se topó con el primer obstáculo: el Consistorio de Santa Eulària, que sólo accedía a otorgar la licencia de obra si la línea era soterrada, la misma condición que pone ahora el Consell Insular. Esa obligación resultaba contraria a los intereses de GESA, por lo que la empresa decidió no desarrollar la línea de Es Canar, que ha permanecido paralizada hasta la actualidad.
Finalmente, el Ayuntamiento de Santa Eulària accedió a que el tendido fuera aéreo. Tras salvar ese trámite, la documentación fue remitida a la CIU para que concediera el interés general, dado que la línea atraviesa suelo rústico, según explicó a esta redacción el conseller de Turisme i Territori, Josep Marí Ribas. Dado que la tramitación llegó al Consell Insular después de la aprobación de la moratoria, la CIU, siguiendo al pie de la letra el texto de la norma, accedió a otorgar el interés general, siempre y cuando el tendido fuera soterrado.