Una cuarta parte, el 25'3 por ciento, de los inmigrantes que intentaron regularizar su situación legal en Balears durante el proceso extraordinario abierto por el Gobierno central han recibido una resolución desfavorable por lo que, en un principio, tendrán que abandonar las Islas antes de 15 días «a contar a partir del siguiente a la notificación».
Así, según datos facilitados por la Delegación de Gobierno en las Islas, durante el periodo especial de regularización establecido por la Ley de Extranjería, (del pasado 21 de marzo hasta el 31 de julio), se recibieron un total de 4.462 solicitudes de las que ya se han resuelto 3.910 de la siguiente forma: 2.865 favorablemente; 991 denegadas y 54 archivadas. El resto de solicitudes hasta llegar a las 4.462 registradas, concretamente 552, están aún pendientes de resolver a fecha del 15 de diciembre. Actualmente estos casi mil inmigrantes a los que se les ha rechazado la solicitud están recibiendo la notificación y, con la ley actual, si no abandonar el territorio nacional en el plazo de los 15 días pueden ser sancionados con una multa. Será a partir del 23 de enero, cuando la reforma de la normativa entre en vigor, que la expulsión será aplicable.
Sin embargo, según aseguran las mismas fuentes, esta expulsión será de difícil aplicación en algunos casos debido a dos razones principales: la dificultad para localizarlos al no tener un domicilio fijo y la posibilidad de recurrir o de comenzar los trámites para una nueva solicitud que tienen aquellos a los que se la han rechazado ahora. Los criterios que se han seguido para conceder o denegar la solicitud de regularización de la situación personal y laboral en España son haber sido titular de un permiso de residencia o de trabajo-residencia alguna vez en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 1997 y el 1 de febrero de 2000, (motivo alegado por 462 solicitantes); haber solicitado permiso de residencia o de trabajo-residencia antes del 31 de marzo de 2000, (alegado por 3.318 inmigrantes); y haber formalizado una solicitud de asilo antes del 1 de febrero de 2000, (motivo alegado por 65 del total de personas que presentaron la petición de regularización).