Los ayuntamientos de Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Josep también han presentado recurso contencioso-administrativo contra la moratoria urbanística del Consell Insular, al igual que el Consistorio de Sant Joan, el cuarto gobernado por el Partido Popular en las Pitiüses. Los recursos no están coordinados ni se basan necesariamente en los mismos argumentos, pues han sido elaborados de forma independiente por los servicios jurídicos de cada una de las instituciones.
Sant Antoni y Santa Eulària, por ejemplo, han confirmado que se decidieron a emprender la acción judicial después de que todas sus alegaciones fueran desoídas por el Consell Insular. En el caso de Sant Josep, fuentes municipales explicaron ayer que, lo único que se intenta, «es defender los intereses de los ciudadanos del municipio». En este último consistorio lamentan que la moratoria tenga tantos nombres y apellidos, es decir, que se vea tan claramente a qué proyectos está referida. Y es que el Ayuntamiento de Sant Josep afirma que basta con observar los planos que acompañan al texto para comprender que este municipio ha sido el principal blanco de la institución insular a la hora de ordenar la paralización cautelar de determinados actos.
Pese a no haber sido redactados por el mismo letrado, todos los recursos tienen cosas en común y es que, en todos ellos, se apela a la inconstitucionalidad de la norma. Así, en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sant Joan se lee expresamente: «Bajo una pretendida buena voluntad, la contención urbanística de la isla de Eivissa, se ha olvidado la existencia de un ordenamiento jurídico propio de un estado plural y de los principios constitucionales que obligan a todos los poderes públicos».