El portavoz del Pacte Progressista en el Ayuntamiento de Santa Eulària y miembro del grupo municipal socialista cuando se interpuso el recurso contra la concesión de licencias por parte del Consistorio utilizando el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU), Carlos Salinas, manifestó ayer que no se puede descartar que la institución tenga que pagar indemnizaciones si algún particular o empresa afectada por una decisión urbanística se considera perjudicada.
Salinas calificó de «cabezonería» e «insensatez» la decisión del equipo de gobierno de Santa Eulària de seguir otorgando los permisos en función del contenido del PDSU, cuando éste ya había sido tachado de nulo en los fundamentos jurídicos de una sentencia. Sin embargo, el portavoz progresista defendió que el recurso que ellos plantearon contra la concesión de determinadas licencias no tenía intención alguna de «perjudicar a los administrados», sino únicamente de conseguir que se aplique la legalidad.
Los progresistas, que quieren estudiar más a fondo las consecuencias de este fallo judicial y reunirse con el Partido Popular de Santa Eulària para estudiar soluciones urgentes, consideran que en estos momentos la situación urbanística del municipio es «preocupante». Carlos Salinas cree que la normalización pasa por aprobar lo antes posible una reforma del Plan General para acabar con la «total indefensión» en la que puede haber quedado gente que, por ejemplo, haya comprado suelo calificado como urbano por el PDSU.