La entrada en vigor del pacto regulador de las condiciones laborales de los funcionarios del Ayuntamiento de Eivissa ha provocado una difícil situación en la Policía Local de Eivissa que, según ha podido saber este periódico, se encuentra profundamente dividida por el hecho de que determinados sindicatos apoyaran el texto con su firma.
Al parecer, durante las últimas semanas muchos agentes han pedido explicaciones sobre por qué se aceptó un acuerdo que supone un retroceso en muchos de los derechos adquiridos de los funcionarios y se han llegado a recoger unas cuarenta firmas solicitando una reunión urgente en la que la junta de personal informara sobre el contenido del a acuerdo.
Un representante del sindicato STIB que apoyó el convenio, José Luis Torres Ramón, ha presentado su dimisión irrevocable y no se descartan otras renuncias como consecuencia del malestar y la fuerte tensión que se vive en los últimos días. De hecho, tanto el STIB como UGT, los sindicatos que firmaron el convenio, se han visto obligados a convocar reuniones informativas el próximo lunes, algo que también hará el jueves la Federación de Bomberos y Policía, una organización que no apoyó el texto porque nunca lo consideró positivo y porque, según denuncia su representante Antonio Núñez, durante la negociación fueron excluidos y dejados al margen de un proceso que incluyó numerosas irregularidades.
Núñez señaló que con este acuerdo y con el catálogo de puestos no se ha solventado ninguno de los problemas de los agentes. Este policía explicó que se les ha subido el sueldo 8.000 pesetas (incluyendo el 2% de incremento del IPC que financia el Gobierno) y que, por contra, han perdido muchos derechos sociales que tenían hasta el momento. Este sindicalista denunció que, además, la desorganización es ahora mayor que nunca, que se están produciendo más designaciones a dedo que en periodos anteriores y que ni siquiera se han fijado los criterios por los que se repartirá la productividad variable que, en su opinión, tiene todos los visos de convertirse en una paga fijada a dedo por el alcalde.