El Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad, encargado de velar por los bienes distinguidos por la Unesco y su entorno, echa a andar con un presupuesto de 3.500 millones de pesetas. Govern balear, Consell Insular y Ayuntamiento de Eivissa, instituciones fundadoras de esta entidad, acordaron ayer en su primera reunión oficial (a la que acudió el presidente de honor del consorcio, que es el presidente del Govern balear, Francesc Antich) solicitar un préstamo por esta cantidad que será sufragado en un plazo de quince años a partes iguales por las tres administraciones.
El presidente del Consorcio y alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, explicó que según las primeras previsiones esta cantidad tardará aproximadamente tres o cuatro años en invertirse, aunque el ritmo dependerá de la rapidez con la que vayan ejecutándose los proyectos que apruebe el consorcio. La nueva entidad ha elaborado ya la primera memoria de iniciativas, aunque ésta aún no está aprobada definitivamente y seguramente recibirá el visto bueno dentro de quince días, en la misma fecha que el presupuesto. De momento, el encuentro de ayer sirvió para que todos los miembros elegidos para formar parte de la junta rectora mantuvieran un primer encuentro y sentaran las bases del trabajo futuro. Tarrés dijo, en cualquier caso, que los proyectos están prácticamente consensuados y que contemplan mejoras como las incluidas en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de Dalt Vila, Sa Penya y la Marina.
Otro de los aspectos que quedó acordado en la reunión de ayer es la dotación de personal propio que tendrá el consorcio y que incluirá, para empezar a trabajar, un gerente, un administrativo, dos arquitectos y un técnico jurídico. Todos ellos se dedicarán en exclusiva a la nueva institución, en lugar de trabajar para la Administración y ejercer una labor complementaria en el consorcio. Finalmente, los miembros del consorcio también trataron en su encuentro de ayer la integración en el mismo del Ministerio de Cultura y el Obispado de Eivissa y Formentera. El primero ha manifestado a través de una carta firmada por la ministra, Pilar del Castillo, que está conforme con los estatutos y desea adherirse, mientras que el segundo se considera un interlocutor necesario por su relación con el patrimonio eclesiástico y ambas partes creen que debe establecerse una colaboración mutua.