El Govern prepara una norma urbanística para establecer el sistema de cupos de licencias, que ya aplica el Ajuntament de Calvià, en todo el territorio balear. Con este sistema se pretende contener la presión de la construcción en las Islas fijando números clausus en las licencias: cada año se otorgarían un número de licencias previamente establecido.
En un principio, la propuesta del cupo de licencias es una de las cuestiones que incorpora el proyecto de ley de reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio, que se encuentra en una fase muy avanzada. Sin embargo, el informe del Consell Consultiu sobre el cupo de licencias de Calvià ha precipitado las cosas. El órgano asesor dictaminó que el Ajuntament de Calvià no podía aprobar una medida de estas características porque no tenía respaldo legal y chocaba con la Ley de Disciplina Urbanística. Como consecuencia del contenido de este dictamen, sectores del Pacte exigen que no se espere a la reforma de las Directrices de Ordenación y que la norma se apruebe de forma urgente a través de una nueva moratoria. Esta nueva norma cautelar estaría en vigor hasta la aprobación de la reforma de las Directrices.
La discusión está ahora en saber, por tanto, si el sistema de cupos se incorpora en la reforma de las Directrices o si se aprueba por moratoria. PSM y EU-Els Verds son partidarios de que la medida se apruebe cuanto antes ya que, de esta forma, se daría además cobertura legal al cupo establecido en Calvià, que seguramente no será aprobado en la Comissió Insular d'Urbanisme como consecuencia del dictamen del Consell Consultiu. Pero a este punto de discusión se suma otro de capital importancia: saber qué institución fijará los cupos. En principio, el proyecto del Govern apuesta porque sea el propio Ejecutivo quien decida el cupo que corresponde al propio Ajuntament. Con este sistema se garantizaría que todos los municipios aplican la medida y se evitan la posibilidad de que la construcción de concentre en aquellos ayuntamientos que no establecen cupos.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las competencias en materia de ordenación del territorio están en manos de los consells insulars, por lo que otra opción es dejar que sean las administraciones insulares quienes redacten la norma. El proyecto del Govern también incluye la posibilidad de facultar a los ayuntamientos a que ellos establezcan los cupos de licencias, pero esta propuesta se incluiría en la futura ley del suelo, sobre la que también está trabajando la Conselleria d'Obres Públiques.
El año pasado se visaron en Mallorca 11.602 viviendas
con capacidad para 40.000 habitantes
El ritmo de la construcción es tan elevado que, a lo largo del año
2000, se visaron un total de 11.602 nuevas viviendas en Mallorca,
lo que significa que se visaron proyectos de viviendas para más de
40.000 habitantes. Tan sólo por lo que respecta al Ajuntament de
Palma, durante el año 2000 concedió 4.596 licencias de viviendas
plurifamiliares, 354 adosados y 110 para viviendas unifamiliares,
según los datos de que dispone el Colegio de Aparejadores de
Mallorca.