El conseller de Treball, Eberhard Grosske, la consellera insular de Benestar Social, Sofía Hernanz, y el director general de Planificació Social, Antonio Sancho, se sentaron ayer con los inmigrantes encerrados desde el pasado viernes en la iglesia de Santa Cruz de Eivissa para mostrarles su «apoyo y solidaridad». El conseller se mostró consciente de que necesitan «algo más que buenas palabras» para conseguir el objetivo de la regularización, por lo que explicó, ante su atento auditorio, las medidas que piensa tomar el Govern en este sentido.
Por el momento, el Ejecutivo balear ha instado a la Delegación del Gobierno en Balears a abrir una mesa de negociación. El conseller de Treball cree factible forzar una negociación con el Gobierno central si continúan las presiones como la que se ha articulado en Eivissa. Grosske se mostró tajante: «en Balears no hay un problema de falta de trabajo; es un problema de regularización de estos trabajadores». El conseller cree «más que demostrado que Balears precisa la fuerza de trabajo de este colectivo» y señaló que es «paradójico» negarles derechos que van más allá de lo laboral. «Derechos humanos», resumió.
Entre los encerrados se alzaron voces como la de la ecuatoriana Dolores Ceballos, que reclamó comprensión a España como país emisor de emigrantes en los años duros de la posguerra o la del marroquí Chaker que recordó que muchos de los encerrados han perdido sus trabajos o están amenazados en este sentido desde de que comenzó el encierro. Chaker aseguró que «en esta batalla» los inmigrantes componen «la primera fila» y que están dispuestos «a recibir la balas siempre que sea por la victoria».
Una crítica directa fue para la directora insular de la Administración del Estado en Eivissa, María Encarnación Sánchez-Jáuregui. «Llevamos desde el viernes encerrados y todavía no ha mostrado su preocupación por este tema», señalaron.