El informe sobre el «caso Mapau» elaborado por el fiscal de Eivissa, Antoni Torres, y refrendado por el fiscal jefe de Balears, Antonio de Vicente Tutor, refleja «indicios suficientes» para que el Tribunal Supremo se declare competente para investigar la causa. Para ello, debe existir el apoyo de la Junta de Fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo, que debatirán esa posibilidad. No siempre los fiscales del Supremo atienden la opinión de sus colegas autonómicos. En el «caso Túnel», por ejemplo, el fiscal de Balears, Joan Carrau, elevó un informe favorable a recurrir en casación la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, opinión que no fue compartida por sus colegas del Supremo. La sentencia sólo fue recurrida por las partes.
La documentación del «caso Mapau» aportada desde Palma está en poder del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que a la vista de las primeras conclusiones ha solicitado más información para decidir si procede trasladar el caso a la instancia más alta dada la calidad de aforados de dos de los posibles implicados, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y la diputada nacional del PP Rosa Estarás.
Cardenal quiere hilar fino y por ello ha solicitado «toda la documentación» existente sobre el supuesto delito de la captación irregular de votos en Argentina por parte del PP en las pasadas elecciones autonómicas. Si el informe elaborado en Balears no hubiese contenido ningún dato que justificara las sospechas que recaen en los líderes del PP, sencillamente, la Fiscalía habría aconsejado su archivo. Como no es así, Cardenal no se conformó con la primera impresión del fiscal Torres y ha insistido en tener acceso a más datos.