La Delegación del Gobierno en Balears manifestó ayer que la decisión de la titular de este departamento, Catalina Cirer, de nombrar en mayo de 1997 a Luis Carlos Fernández Tejerina como director insular en Eivissa y Formentera «no es reprochable» pese a que haya sido anulada por una sentencia del pasado mes de diciembre emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Balears.
Según una nota de prensa oficial remitida por la representación en las Islas del Gobierno central, Fernández Tejerina «fue nombrado para un puesto reservado a funcionarios reuniendo las condiciones exigidas en la convocatoria». Para argumentar esta opinión, la Delegación del Gobierno cita la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública en la que se señala que «a efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará equivalente al título de diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura».
Dicha nota no hace referencia alguna a las contundentes afirmaciones de la sentencia en la que se manifiesta, por ejemplo, que «no hay duda que el nombrado lo fue en resolución huérfana por completo de motivación ya que no cumplía el requisito de titulación». Se exigía, al menos, diplomatura universitaria, pero Fernández Tejerina sólo acreditó tres cursos de Derecho.
Para Francisco Sancho, el letrado que recurrió el nombramiento de Tejerina, la línea de defensa utilizada ayer por la Delegación del Gobierno «no tiene ni pies ni cabeza» y la tachó de explicación «bastante pobre» para una Administración que, a través del abogado del Estado, conocía esta sentencia desde diciembre y no desde hace tres días como él.
Sancho, que representaba ante la Justicia a su hermano Daniel, el cual se presentó al puesto para el que fue nombrado Tejerina, explicó que está estudiando la sentencia para decidir si se debería reclamar «por las actuaciones no ajustadas a derecho de Fernández Tejerina». Y añadió que todas lo fueron, dado que se ha anulado su nombramiento. «Hay muchas personas agraviadas», opinó, aunque puntualizó que él no va a dedicarse a impugnar uno por uno los actos del ex director insular, sino solamente los que considere que le han podido perjudicar a él o a sus clientes, porque esa es su tarea. Sancho reconoció estar cansado «de cuatro años de padecimiento» y trabajo para demostrar que no se obró bien.