El Ayuntamiento de Eivissa aprueba hoy la suspensión cautelar de las licencias de construcción para edificios de uso residencial o turístico en el municipio de Eivissa. El equipo de gobierno municipal del Pacte ha convocado hoy, por sorpresa, un pleno extraordinario de carácter urgente con un punto principal en el orden del día: la suspensión facultativa del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos relativos a edificaciones de uso residencial o uso turístico en el municipio de Eivissa. El concejal de Urbanismo, Joan Bonet, no quiso revelar el contenido de esta suspensión cautelar y se limitó a manifestar que darlo a conocer antes que la oposición «sería de mal gusto y no es correcto, las circunstancias obligan a que el pleno sea así».
Esta paralización temporal, que tendrá una vigencia máxima de un año, no afectará a las licencias solicitadas para la construcción de viviendas sociales y estará en vigor hasta que el equipo de gobierno elabore un proyecto de reordenación urbanística, que establece un cupo de licencias anuales. La medida afectará a unas 300 solicitudes de licencia que en estos momentos están pendientes de ser concedidas y que tendrán prioridad una vez que esté elaborado el plan de reordenación urbanística, según informó ayer Efe. Las asociaciones ecologistas de Eivissa habían criticado en los últimos meses el crecimiento excesivo de la construcción que se estaba registrando en el municipio ibicenco y habían pedido reiteradamente al equipo de gobierno municipal la adopción de medidas destinadas a contener el ritmo de crecimiento y la especulación urbanística.
La limitación de construcción se realizará siguiendo el modelo establecido en Calvià. El conseller d'Obres Públiques, Josep Antoni Ferrer, anunció hace un par de meses que la futura ley del suelo incluirá una disposición que permitirá a los ayuntamientos fijar cupos de licencia. Ferrer dio a conocer esta decisión en una comparecencia en el Parlament para explicar la reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio. El conseller Ferrer afirmó que este sistema es «positivo» y, pese a que hay informes contradictorios al respecto, el Govern está decidido a incluirlo en la futura ley.