Los alcaldes de los tres municipios afectados por la huelga de la recogida de basura de los empleados de Herbusa mantuvieron ayer contactos telefónicos y personales con la dirección de la empresa para comunicarles que van a estudiar todos los mecanismos legales para denunciar el hecho de que no se estén cumpliendo los servicios mínimos -entre los que no descartan pedir responsabilidades a la empresa- y anunciar que buscarán medios propios o externos para garantizar la recogida de basuras que roza «lo insostenible».
Mientras Santa Eulària ya ha puesto a trabajar a las brigadas municipales escoltadas por policía municipal, el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, ha solicitado a la Conselleria de Sanitat un informe sobre la peligrosidad de los residuos acumulados en la vía pública. Antoni Marí no llegó a calificar la huelga de ilegal pero si la tachó de «inoportuna» argumentando la existencia de un convenio reciente. El alcalde dijo tener «pruebas fotográficas» y «testigos» de que no se recoge la basura.
El alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, aseguró que buscarán sistemas legales y materiales para que se cumplan servicios mínimos. Por su parte, el representante legal de la empresa y su director reiteraron ayer que presentarán una demanda por ilegalidad de la huelga ante el Tribunal de Arbritaje y Mediación de Balears (Tamib). Su decisión pasará a los juzgados que dictarán si es o no legal. La empresa incidió en que no se cumplen servicios mínimos. «Sólo retiran el 5% de los residuos», señaló el director.