El tribunal de lo Contencioso Administrativo número uno de Palma ha anulado la concesión de una licencia de obra en sa Rota den Puig otorgada por la Comisión de Gobierno de Sant Antoni, al entender que existe una infracción urbanística grave. El recurso fue presentado el 6 de abril por el propio Consistorio al observar, tras una denuncia del Grupo Verde Europeo, que las obras no coincidían con las previstas en la licencia, concedida el 25 de junio de 1999, tras las elecciones municipales en las que el PP de Sant Antoni quedó en minoría: en vez de ampliar una vivienda ya existente, el propietario edificaba una nueva casa.
El portavoz del Pacte Progressista, Joan Marí Serra, considera que esa sentencia constituye un varapalo para el equipo de Gobierno, ya que pone en entredicho al alcalde (que a la vez era aparejador de esa obra) y a los cinco concejales que formaban parte de la Comisión de Gobierno que aprobó la licencia. Según la interpretación que el edil progresista hace de la sentencia, ahora se debe proceder a la incoación de un expediente administrativo contra esos ediles.
Por el contrario, el alcalde de la localidad, Antoni Marí Tur, manifestó su satisfacción por la sentencia y negó que en ella se diga que hay que abrir expedientes a los ediles populares que concedieron la licencia. En cuanto al párrafo que indica que se debe proceder a adoptar las medidas necesarias para «restablecer la legalidad urbanística vigente inclusive la demolición», Marí, que espera que la obra no se derribe, explicó que en estos momentos se está tramitando la legalización en el Consell. Según el alcalde, este asunto arranca de una confusión del propietario de la finca, que solicitó un determinado trámite para realizar una obra al creer que no reunía los requisitos precisos. Anulada aquella licencia, ahora sólo necesita el visto bueno de la Comisión Insular de Urbanismo (CIU) para poder legalizarla.