A los caminos de Eivissa les han salido vallas como setas. En sólo una semana, han salido tres casos a la palestra, dos en Sant Antoni (Punta Galera, Cala Salada) y uno en Santa Eulària (Roca Llisa). En Cala Salada, un propietario decidió colocar dos pilones y una cadena (que fueron retirados por la Policía local tras una denuncia de los vecinos) para cerrar el camino que conducía a Cala Saladeta, harto de que los turistas aparcaran allí sus coches y le impidieran colocar el suyo, para el que ha pedido al Consistorio la concesión de un vado.
Según explica la concejala de Urbanismo, Blanca Castiella, ese camino es, en realidad, propiedad de la finca colindante, aunque su vecino disfruta de servidumbre de paso: «Durante muchos años, ese vial ha estado abierto, y era utilizado por la gente que iba a Cala Saladeta a bañarse o a las casetas varadero. Ahora, el dueño quiere que se cierre».
El pasado 30 de julio, Estela Bence, miembro de la directiva de Els Verds, denunció esta circunstancia ante el Consistorio de Portmany y pidió que se restableciera el «orden natural» de esa zona. La concejala Castiella explicó que está pendiente de que los servicios jurídicos del Consistorio concluyan un informe al respecto para aclarar si ese camino debe permanecer abierto (puesto que finaliza en el mar) o si se puede cerrar por ser privado.
Respecto al caso de Punta Galera, la propia Blanca Castiella y el alcalde, Antoni Marí Tur, dieron pistas en el pasado pleno: el Consistorio no puede hacer nada allí porque se trata de una urbanización y un vial absolutamente «privados»: «Puede permanecer cerrado, ya que no da acceso a ninguna otra propiedad ni da paso a ninguna zona pública», se indica en un documento del Ayuntamiento remitido al denunciante. La solución a ese conflicto «se deberá solucionar en los tribunales civiles», advierte Castiella.