«Ni el ciudadano ni el comerciante están contentos con los resultados de este verano». La directora insular de la Administración General del Estado, Marienna Sánchez-Jáuregui, reconocía ayer con esas palabras que las quejas de los empresarios y de las asociaciones de vecinos de Sant Antoni respecto a la seguridad ciudadana tienen fundamento.
Es más, asume que en 2002 habrá que «replantear» el modelo de orden público ideado para ese municipio, cuestionado por prácticamente toda la sociedad de la bahía, desde asociaciones de vecinos a colectivos de comerciantes y hoteleros, que han iniciado una recogida de firmas como medida de presión: «Es preciso idear planteamientos nuevos para conseguir más eficacia. Los resultados no son los que queríamos obtener, por lo que hay que replantarse algunas cosas», matizó.
Sánchez-Jáuregui señaló, no obstante, que las fuerzas de seguridad «trabajan mucho», y que «aunque los resultados no sean los esperados la sociedad debería reconocer esa labor». Respecto a la solicitud de más guardias civiles planteada el lunes en este periódico por el alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur, la directora insular explicó que se aumentará la presencia si así lo aconsejan los informes que se elaboren al concluir esta campaña.
También advirtió de que sería aconsejable una mayor intervención y compromiso del Consistorio y de otras administraciones, ya que nunca se podrá mejorar el orden público si se emplean, exclusivamente, las fuerzas policiales: «En Sant Antoni ocurre como en sa Penya. El diez por ciento de la problemática requiere una actuación de las fuerzas de seguridad, pero el resto es competencia municipal y del resto de administraciones».