Para los componentes del movimiento cívico de Sant Antoni que engloba ocho asociaciones del pueblo, la reunión mantenida el martes con el alcalde y los concejales de Gobernación y Medio Ambiente «no fue satisfactoria», según señaló ayer su portavoz, Antònia Marí, presidenta de los vecinos de sa Punta de es Molí. Las asociaciones de empresarios y vecinos hicieron ayer un recuento de firmas -6.462, que reclaman al Consistorio que aplique las ordenanzas- y emitieron un comunicado en el que no sale bien parado Antoni Marí Tur: «Ante nuestras quejas, el alcalde quiso torearnos», aseguran.
Para los miembros de este movimiento cívico «no es aceptable que la primera autoridad del municipio diga que no se puede aplicar estrictamente las ordenanzas». Si es así, le reclaman «que las cambie», y si necesita ayuda «que la pida al Consell, al Govern, al Estado español o a la ONU».
La situación actual y ese deseo de «torear» a los vecinos se deben a una «falta de voluntad manifiesta» del alcalde y de sus ediles por poner orden en el pueblo: «En Sant Antoni prima el interés de unos particulares sobre el general», señalaron.
Las ocho asociaciones han dado al alcalde un mes de plazo para que entregue «por escrito», ya que no se fían, las medidas que está dispuesto a adoptar en la temporada de 2002 para que no vuelva a cundir, por enésimo verano, el caos en la bahía. En caso de que esas propuestas no les convenzan, no descartan movilizarse, incluso organizando manifestaciones: «La mitad de todo el municipio, casi 7.000 firmas, nos respalda», recuerdan.