Representantes del Govern balear, los tres consells insulars, las compañías de aviación que operan en las Islas y los sindicatos más representativos apoyaron ayer la petición de declaración de servicio público para los vuelos interinsulares y entre las Islas, según informó el conseller d'Obres Públiques i Transports, Francesc Quetglas, al término de una reunión celebrada ayer tarde en Palma. «Ha sido un clamor unánime», dijo Quetglas, para quien esta declaración «puede significar la condición necesaria para establecer un programa ambicioso de ayudas y compensaciones para las compañías que mantengan líneas que, de otro modo, resultarían deficitarias».
En representación del Consell pitiuso acudieron a la reunión sus dos vicepresidentes, Vicent Tur y Santiago Ferrer, éste último, también responsable de Transports. Ferrer explicó que, además de reclamar de forma unánime la declaración de servicio público, también se pedirá al Gobierno central que no siga subiendo las tasas aeroportuarias y los seguros y que, si es posible, incluso bajen. Por su parte, el Govern balear se encargará de enfocar la promoción turística al interior del país para intentar que los aviones incrementen su ocupación y también se acordó crear una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y las compañías aéreas con el objetivo de acordar mejoras urgentes en las frecuencias aéreas establecidas para este invierno.
Ferrer consideró muy positiva la reunión, especialmente por el hecho de que todos los asistentes opinaron en una misma dirección. «Si todo el mundo está en la misma línea, ni el Gobierno central ni nadie se puede amparar en la falta de consenso para evitar determinadas decisiones», comentó. El vicepresidente segundo del Consell rechazó las voces críticas contra la declaración de servicio público y señaló que, pese a sus posibles efectos negativos, sus beneficios son infinitamente superiores. «Hay una diferencia abismal entre Canarias y Balears. En Canarias hay hasta trece frecuencias diarias en determinados trayectos y no he oído a nadie de Binter quejarse», explicó.
Ferrer dijo que la obligación de la administración es «conseguir una mejor situación para los ciudadanos» y que, en ese sentido, defiende la declaración de servicio público. También manifestó que es posible que la solución para evitar una situación de monopolio es hacer un concurso por cada ruta aérea aunque deseó que, como ocurrió en Canarias, ni siquiera fuera necesario convocar el concurso por haberse alcanzado un acuerdo con las compañías.