Antoni Monserrat, magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, ha citado a declarar como testigo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en relación al «caso Formentera». Montoro, que fue máximo responsable político del Instituto Nacional de Estadística y del Censo Electoral durante la pasada legislatura, declarará por escrito tal y como le permite su condición de ministro. Según la acusación, el ex presidente del Govern, Jaume Matas, habría solicitado al antes secretario de Estado de Economía, que no obstaculizara la inscripción de argentinos en el censo de Formentera en las pasadas elecciones autonómicas.
Antoni Monserrat ha citado también a siete imputados: Bartomeu Mora, responsable de las relaciones con los emigrantes en la Conselleria de Presidència; Antoni Pastor, ex director general de Joventut y actual diputado del PP; Carlos Gutiérrez, ex secretario de la Conselleria d'Agricultura en tiempos de Cardona como conseller; Rosa Grijalba, ex directora general de Promoció Industrial; Àngel Gallego y Joan Fortuny, jefe de servicio y técnico, respectivamente, de Promoció Industrial y a Maria de la Pau Segura, autora, junto con su padre, Miquel Segura, de los informes de la supuesta «operación Mapau».
El magistrado instructor también ha citado para el próximo 9 de noviembre a la ex secretaria de Jaume Matas, cuando era presidente del Govern, Francesca Pascual, y a doce testigos más, entre los que destaca la ex secretaria general técnica de la Conselleria de Presidència, la diputada Mabel Cabrer. Todos deberán acudir al Tribunal Superior entre el 9 y el 20 de noviembre. Entre las diligencias decididas por Antoni Monserrat figura también una comisión rogatoria en Argentina a fin de que declaren la presidenta de la Casa Balear en Santa Fe, Paulina Riera Kunte, y también Inés Saprizia. Riera Kunte tenía unas relaciones muy fluidas con el Govern Matas y del centro balear de Santa Fe provinieron la mayoría de las inscripciones supuestamente irregulares en el censo.
Otros acuerdos del magistrado instructor son la petición de informes al Govern sobre la denominada «Operación Añoranza», a través de la que cada año viajaban a Balears emigrantes en un programa financiado por Presidència. También quiere el TSJ información sobre las inscripciones de los emigrantes argentinos de la Junta Electoral de Balears. Finalmente, ha requerido informes a los cónsules de España en Rosario y Santa Fe. Los presuntos delitos que ha investigado durante dos años el juez de Instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa, son los de fraude electoral. El caso pasó a Palma cuando la Fiscalía de Balears imputó a los diputados autonómicos del PP Pastor y Cardona.