La adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luis Cava de Llano, manifestó ayer la «discrepancia» de esta institución con la nueva negativa del ministro de Fomento, Francisco Àlvarez-Cascos, a declarar de interés público el transporte aéreo en Balears. Esta polémica, que avanzó ayer la Cadena Ser, fue confirmada por Cava de Llano.
La contestación del ministro a un informe emitido por la Oficina del Defensor del pueblo, que abrió una investigación de oficio sobre el tema, se fundamenta en argumentos como que la oferta actual por parte de tres compañías aéreas cubre la demanda existente y en que, si bien han descendido el número de vuelos semanales (de 524 en 2000 a 455 en 2001), ha aumentado el número de plazas por avión, al utilizar reactores en ver de turbohélices.
María Luisa Cava de Llano señaló ayer que si la Oficina del Defensor de Pueblo abrió una investigación fue porque consideraban que no se está cumpliendo la Ley de acompañamiento de los presupuestos del Estado de 1997, en la que quedaba declarado el interés público para las líneas aéreas que operan con Balears y Canarias. «Esta ley no está derogada», remarcó Cava de Llano, por lo que creen que es «una obligación legal que se cumpla».
El ministro de Fomento asegura además en la contestación al Defensor del Pueblo que no cierra del todo su negativa a la declaración de interés público ya que asegura que controlará la actividad y las conexiones de las compañías aéreas. Esta respuesta no tranquiliza, ni mucho menos, a la adjunta al Defensor del Pueblo, que asegura que los ciudadanos «no pueden estar a expensas de los criterios económicos y de rentabilidad de las compañías aéreas». Además, la percepción de los usuarios «no es la de estar recibiendo un buen servicio», recalcó Cava de Llano, y así lo expresará en una carta de contestación al Ministerio de Fomento.