El conseller d'Hisenda i Pressuposts del Govern balear, Joan Mesquida, asegura que no habría ningún problema en modificar los presupuestos de la Comunitat Autònoma durante el ejercicio 2002 para incluir la previsión de ingresos y sus correspondientes gastos si a lo largo de ese año pudiera empezar a cobrarse la ecotasa. El Govern de les Illes Balears confía en que el Tribunal Constitucional decida levantar la suspensión que actualmente pesa sobre el impuesto turístico, una decisión que, como comentó el conseller durante su visita a Eivissa esta semana, no implica necesariamente que el Alto Tribunal considere el tributo constitucional, sino que autoriza a que se aplique mientras se resuelve el fondo del asunto.
«El Constitucional da mucha importancia a que los sujetos pasivos estén perfectamente identificados y se les pueda devolver el dinero en caso de que en seis, siete u ocho años se declare el impuesto inconstitucional. La debilidad de la ecotasa -argumenta el conseller- es que los sujetos pasivos son las personas que pernoctan. Sería una locura devolver cantidades de 1.000 pesetas a los once millones de turistas que llegan cada año. Pero hay un argumento que hemos utilizado en la contestación del recurso que es la desproporción existente entre el perjuicio individual causado por una hipotética sentencia de inconstitucionalidad y el perjuicio colectivo de no poder dedicar 10.000 millones de pesetas al año a protección medioambiental durante ocho años».
Mesquida, que defendió la plena constitucionalidad de esta medida, cree que el Alto Tribunal debería entender que el peligro se encuentra en que si dentro de ocho años (los que puede tardar la decisión) se declara perfectamente legal la ecotasa, podría suceder que el entorno estuviera ya tan degradado que resultara irreparable.