El Ayuntamiento de Santa Eulària ha reducido al mínimo la concesión de licencias de obra, según explicó ayer el concejal progresista Carlos Salinas, quien considera que esa medida es fruto del «temor» del equipo de Gobierno a que el informe solicitado a un jurista sobre la legalidad del Plan de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) sea negativo. Para evitar indemnizaciones y problemas legales posteriores, los responsables del Consistorio estarían, según Salinas, actuando «con mucha cautela» a la hora de conceder licencias de obra, hasta el punto de que varios promotores se han puesto en contacto con los progresistas para expresarles sus temores al respecto.
Esa paralización de los expedientes urbanísticos es perceptible en los presupuestos elaborados por los populares para 2002, en los que se prevé un descenso del 31'6 por ciento, aunque la justificación ofrecida por el equipo de Gobierno es bien distinta: ese descenso tan acusado es consecuencia de la paralización de la construcción por el devenir económico y por la aplicación de las moratorias. Según Salinas, si antes se despachaba en cada Comisión de Gobierno una media de 20 licencias, en la última sólo se dio el visto bueno a tres, y todas ellas con la aprobación previa de la Comisión Insular de Urbanismo (CIU). El concejal se sorprende de que, incluso, el Consistorio «deniegue» ahora licencias.
En la comisión informativa celebrada ayer, el interventor «reconoció» que los ingresos previstos para 2002 se podrían triplicar si se aprobaran los numerosos expedientes que fueron presentados a lo largo del año y cuya tramitación ha sido paralizada. La mayor parte ha pasado por los servicios técnicos y sólo están pendientes del beneplácito de los políticos, al parecer reticentes hasta que existan garantías de que la aplicación del PDSU no acarreará problemas.