Desde el 2 de agosto de 2000 decenas de extracomunitarios residentes en Formentera han estado beneficiándose de descuentos en el transporte marítimo entre Formentera y Eivissa a los que, por ley, no tienen el más mínimo derecho. Magrebíes, sudamericanos y asiáticos, entre otros, están pagando 600 pesetas por billete en el trayecto Eivissa-Formentera o viceversa en embarcación rápida cuando en realidad deberían pagar 2150 pesetas como todos los viajeros que no pertenecen a los países miembros de la Unión Europea.
El 21 de julio de 2000 el Govern promulgó el decreto 115/2000 mediante el cual se modificaba un anterior decreto de mayo de 1999 que establecía que «la subvención regulada no afectará la subvención prevista para las personas físicas con vecindad civil en Formentera que utilicen el transporte marítimo regular en los desplazamientos entre las islas y viceversa». De esta manera, cualquier persona empadronada en Formentera accedía inmediatamente a los descuentos para viajar entre ambas islas. Pero en julio de 2000, la nueva normativa arbitrada por el Govern variaba los beneficiarios de los descuentos y en su artículo primero especificaba que «los beneficiarios serán los ciudadanos españoles y los de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de otros estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, residentes en la isla de Formentera». Pese a lo claro de la normativa, muchos residentes en Formentera siguen beneficiándose de ayudas que no les corresponden. Ello es posible por varios motivos, como por ejemplo la falta de información de muchos trabajadores de las navieras que no conocen la normativa y que aplican el descuento porque antes de esta nueva norma lo hacían.
Otro factor que influye es la confusión que provoca que el Ayuntamiento expida dos tipos de certificados de residencia muy similares: el que acredita la residencia que utilizan los extracomunitarios y el que se emite sólo para miembros de la UE.