Los concejales del Pacte de Sant Antoni pidieron ayer la constitución de una comisión de investigación interna para aclarar la desaparición de 2.772 multas de orden público correspondientes a los años 1988 y 1999. La investigación del Pacte se produce a raíz de las quejas de vecinos de Sant Antoni, «que pusieron denuncias sobre escándalo público, pero nadie hacía nada», explicó el concejal Julián Calderón. Ante las quejas reiteradas «se investigó si era cierto o no lo que pasaba», añadió.
Calderón incidió en el trabajo realizado para obtener las denuncias desde el 23 de julio de 1998 al 31 de diciembre de 1999. «El Ayuntamiento las entregó en una caja. No estaban ordenadas, arrancadas de su matriz y mezcladas. No se nos facilitó ningún tipo de medios para hacer el estudio», explicó. Una vez que se ordenaron, se comprobó que se pusieron 1.360 denuncias de julio a diciembre en 1998, de las que 200 eran por escándalo público. En 1999 se interpusieron 2.850 denuncias, 280 por escándalo publico. El total de denuncias de estos dos años es de 4.200. Sin embargo, «se comprobó por el boletín que iban desde el número 14.009 hasta la 20.991 y nos faltaban 2.772», relató.
Calderón atribuye la ausencia de las denuncias a varios motivos: «Se perdieron, se olvidaron de entregarlas, nos la ocultaron o, en el peor de los casos, que esta pérdida fuera consciente». Esta situación es la que ha determinado la comisión de investigación, «para tener la seguridad de que ha sido un olvido y nos expliquen la falta de boletines de denuncias». El control de denuncias es por venta ambulante, propaganda de tiqueteros y estática y escándalo público.
El portavoz del Pacte, Joan Mari Serra, pidió, a través de una moción, un pleno extraordinario para que se aclare la desaparición de las multas. «Como mínimo tenemos la certeza de que no se ha hecho el control de multas de una manera rigurosa por parte del equipo de gobierno», añadió. Marí Serra dijo que el Pacte ha tenido muchas dificultades para que les faciliten las matrices, «después de reiterarlo nos las dieron y se hizo la investigación». A su juicio, «puede haber irregularidades, pero antes de ir a los tribunales creemos que los responsables políticos del ayuntamiento pueden aportar lo que no se ha encontrado». El portavoz del Pacte opina que hay que depurar responsabilidades: «Si es lo que se sospecha no habrá más remedio que ir a la Fiscalía para investigar si hay malversación de fondos».
Calderón aseveró que tanto Democracia Pitiusa como el alcalde, Antoni Marí Tur, conocían este estudio. «El alcalde preguntó para qué se estaba haciendo y le dijimos que había ciertas irregularidades. Nos contestó que 'adelante», recordó. El Pacte confía en que se apruebe la moción, «no con los votos de DP sino del PP». En el caso contrario, «tendremos las manos libres para llevarlo a la Fiscalía y si cree oportuno abrir una investigación», finalizó Marí.