El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Joan ha decidido encargar un informe jurídico para determinar si cabe la posibilidad de pedir indemnizaciones al Consell Insular y al Govern balear tras conocerse la sentencia que establece la vigencia del plan parcial de Benirràs.
El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, Carraca, explicó ayer que es su obligación intentar «generar la base fiscal» del Consistorio, es decir, procurar a la institución los ingresos que precisa. Y, según Marí, si no se hubiera producido la suspensión del plan parcial por parte del Ejecutivo autonómico o si el Consell no hubiera intentado impugnar cuatro licencias de construcción otorgadas por el Ayuntamiento en 1999 -las que ahora han sido declaradas legales por los tribunales, como ya adelantó este periódico- ya se estarían cobrando los impuestos pertinentes. Y no sólo de esas cuatro viviendas, sino de algunas más que el Consistorio tiene constancia de que existe intención de ejecutar. «Lo que queremos saber -añadió el alcalde- es si existe o no responsabilidad» por parte del Consell.
Marí Marí cree que existen razones suficientes -aunque quiere tener la certeza del informe jurídico- para que Sant Joan reclame ante el Consell y el Govern. El alcalde mantiene que la sentencia que se ha conocido recientemente «es muy clara y está muy argumentada» y que, además, ratifica en un 90 por ciento los planteamientos que defendieron los letrados que representan al Ayuntamiento. Todo ello, añade, independientemente de las opiniones personales porque el Consistorio lo que hace es cumplir la ley tanto si le gusta que se construya allí como si no.