El acuerdo alcanzado entre el Govern y el Consell de Mallorca para unificar sus moratorias tendrá efectos directos en las Pitiüses. El equipo de Gobierno dirigido por la presidenta Pilar Costa no parece dispuesto a redactar una nueva moratoria que llene el vacío que dejará la norma cautelar decretada en agosto para todo el ámbito balear, y que el Ejecutivo de Francesc Antich renuncia aprobar en el Parlament tras el compromiso alcanzado con la presidenta mallorquina Maria Antònia Munar.
Según ese acuerdo, las moratorias balear y mallorquina decretadas el pasado estío se refundirán en una sola. A cambio, el Govern se compromete a dejar en vía muerta la moratoria aprobada el 3 de agosto de 2001 que afectaba a suelo rústico y urbano. El conseller insular d'Ordenació del Territori, Josep Marí Ribas, anunció ayer que no se decretará una moratoria que supla la que el Govern anulará, ya que las normativas insulares dictadas hasta el momento suponen, por sí solas, «importantes» restricciones. A su juicio, «las Pitiüses están cubiertas en cuanto a protección urbanística».
Además de las moratorias propias del Consell, Marí alude a la de la ciudad de Eivissa -que establece el mismo sistema de cupos que preveía el Govern- para asegurar que no son necesarias más medidas restrictivas en las Pitiüses. Esta decisión de los progresistas pitiusos, sumada a la anulación de la moratoria del Govern, representa, en la práctica, el abandono del sistema de cupos -que sólo el municipio de Eivissa parece estar dispuesto a asumir-, aunque eso dependerá de si finalmente se lleva a cabo la reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), algo que diversas fuentes consideran improbable tras el acuerdo entre el Govern y el Consell de Mallorca.