La fiscal María Paz Nuñez aclaró ayer que «ningún fiscal de Eivissa ha dado alguna vez orden, escrita o verbal, a los centros de menores para efectuar un ingreso porque, sencillamente, no es nuestra competencia. Esta es del servicio de protección de menores». La fiscal, pese al sobreseimiento de las diligencias abiertas después de que Comisiones Obreras denunciara al director del centro de menores por negarse a acoger a un joven inmigrante, adelantó que recurrirá el auto de archivo dictado por el juez.
Nuñez, que se ocupa de temas de menores pero que realizó ayer las citadas precisiones en nombre de todos los fiscales de Eivissa, se apoyó en artículos del Código Civil y de la Ley de Extranjería para definir las competencias fiscales. Dichas aclaraciones se han realizado después de que el propio director del centro de menores, José María Sánchez, asegurara que era misión del fiscal ordenar el ingreso. «No podemos dar una orden porque no se nos ha encomendado esta función. Por imperativo legal le corresponde al servicio de protección acoger al menor», indicó.
La fiscal también quiso hacer hincapié en que «es una labor de la administración dar esa orden y jamás ha actuado un fiscal de Eivissa decretando el ingreso de un menor». Según la ley, la situación es idéntica tanto si se trata de un extranjero como un residente: «Cuando un menor está desamparado siempre hay que acogerlo. Si se suscitan dudas sobre la edad, una vez que está en el centro, le corresponde al fiscal solicitar a los servicios sanitarios para que la determinen. Son hechos distintos que no se pueden confundir», expuso la representante del ministerio público. «No entendemos porque se ha suscitado esta polémica», dijo. En su opinión, el hecho de dirigirse el director del centro a las instancias judiciales puede deberse a la ausencia de un servicio de protección de menores de guardia, «pero la fiscalía no puede asumir competencias que no le corresponden. Quizás se habría de solucionar ese problema», añadió.