Las polémicas obras de urbanización en el barrio de ses Torres ya están concluidas. Han pasado tres meses desde que Esquerra Unida (IU) presentara denuncia penal ante la Fiscalía contra todo el equipo de gobierno de Santa Eulària por lo que consideró una burda manera de autorizar la construcción en suelo rústico pero, hasta el momento, la Justicia no se ha pronunciado mínimamente sobre estos hechos. El diputado de IU Miquel Ramon reconoció la preocupación de su formación ante la posibilidad de que la empresa propietaria de los terrenos pueda solicitar licencias de construcción.
Fuera cual fuese el pronunciamiento del Ayuntamiento, que en los últimos meses parece haberse abstenido de conceder nuevos permisos de edificación a la vista del enorme embrollo legal en el que se encuentra, la coalición de izquierdas se teme que acabará costándole dinero a la institución. IU denunció a mediados de octubre el «torticero» procedimiento llevado a cabo por el Consistorio para dar el visto bueno a una urbanización que, en opinión de este partido, es absolutamente inviable. Las irregularidades detectadas por esta formación son múltiples y también han sido denunciadas públicamente por el grupo municipal progresista.
Para empezar, porque todas las autorizaciones parten del Plan de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) que el Ayuntamiento ha utilizado desde 1988 como elemento de planeamiento. Este instrumento, sin embargo, ha sido considerado nulo de pleno derecho por los tribunales. Pero, además, porque el equipo de gobierno ignoró que los terrenos de ses Torres estaban clasificados como rústicos no urbanizables, pese a lo que se aprobó un estudio de detalle y un posterior proyecto de urbanización. Por todo ello, IU entendió que la situación desbordaba el ilícito administrativo y entraba de lleno en el ilícito penal.