El Govern balear ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para defender la constitucionalidad de la moratoria de grandes superficies comerciales, una prohibición que obtuvo el visto bueno de todos los partidos de las Islas en el momento de su aprobación (diciembre de 2001). La directora general de Comerç del Govern balear, Antònia Allés, informó ayer en Eivissa acerca del contenido de este recurso redactado por el departamento jurídico de la Caib, que se basa en que el Abogado del Estado no está legitimado para presentar este recurso de inconstitucionalidad y, en segundo lugar, en que su argumentación es incorrecta.
Por su parte, el vicepresidente del Govern, Pere Sampol, recordó ayer en Palma que el próximo mes de marzo el TC decidirá si levanta la actual suspensión que existe sobre la Ley de Comercio de Balears (un texto diferente a la moratoria), tras otro recurso presentado por el Gobierno del PP a diez preceptos de este documento. Sampol se mostró confiado en que el Supremo levantará esta suspensión y, por tanto, se podrá aplicar la Ley del Comercio, aprobada por el Parlament en junio de 2001. Su entrada en vigor, recordó el conseller, asegurará que no se puedan abrir más grandes superficies comerciales en el archipiélago.
Tanto el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la moratoria por el Abogado del Estado como la suspensión de la Ley de Comercio demuestran, a juicio de Sampol, que «este tema es político» y quiso recordar a los pequeños y medianos comerciantes de las Islas que el Ejecutivo balear pretende evitar la apertura de nuevas grandes superficies comerciales, mientras que, por el contrario, el «Gobierno del PP de Madrid y también el ministro Matas quieren más».
A pesar de esta afirmación, el Partido Popular en el Consell de Eivissa acaba de presentar una moción en la que solicita un acuerdo para comenzar a redactar un Plan Director Insular de Equipamientos Comerciales, que se incluya dentro del Plan Territorial Insular, cuyo «punto fuerte» es la limitación del tamaño de los establecimientos comerciales que se implanten en los municipios pitiusos. Además, solicitan que se acuerde una norma territorial cautelar que permita evitar situaciones contradictorias con la futura ordenación comercial, «especialmente en lo referente a ocupación y dimensiones de los establecimientos comerciales».
En la moción, los populares hacen referencia a una doble necesidad que justificaría la redacción de este plan. Por un lado, la de clarificar la complicada situación legal en la que se encuentra el sector comercial de las islas, y, por el otro, la de dotar a cada isla de un instrumento de ordenación territorial que regule el comercio.
Comercios de entre 250 y 800 m2
La moción que ha presentado el partido popular para que el pleno
del Consell apruebe realizar un Plan Director Insular de
Equipamientos Comerciales incluye una propuesta concreta sobre
cuáles deben ser las limitaciones de superficie de las grandes
superficies en Eivissa y Formentera. Así, proponen que en
poblaciones de hasta 3.000 habitantes la superficie de venta sea
como máximo de 250 m2; de 400 m2 para las de entre 3.001 y 10.000;
de 600 m2 para las de entre 10.001 y 20.000 y de 800 m2 para las de
más de 20.000 habitantes.