Unas normas subsidiarias (NN. SS.) «provisionales» sustituirán en breve al Plan de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) del municipio de Santa Eulària, teóricamente anulado por la Justicia. Esta solución al atolladero en materia de urbanismo en el que se halla inmerso el Ayuntamiento es fruto de la reciente negociación entablada por esta institución y el Consell a raíz de que el alcalde, Vicent Guasch, decidiera pedir ayuda a la presidenta insular, Pilar Costa. El grupo municipal progresista reclamaba desde febrero de 2001 al alcalde que suspendiera el PDSU y solicitara ayuda al Consell.
La solución pasa por la suspensión previa del PDSU, nulo de pleno derecho tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitida el 31 de julio de 1997 y por un auto al respecto de fecha 12 de enero de 2001 que suspendía cuatro proyectos urbanizadores, dos de ellos en ses Torres.
La Comisión Insular de Urbanismo (CIU) se encargará de suspender el PDSU, ya que el Consistorio no tiene capacidad para desactivar su propio planeamiento. Una vez llevado a cabo este trámite, ambas instituciones deberán consensuar unas normas subsidiarias (una especie de directrices urbanísticas) que sólo se mantendrán vigentes hasta que el Consell apruebe el Plan Territorial Insular (PTI) y, posteriormente, el Ayuntamiento redacte un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Según detalló la fuente consultada, «la solución es inminente» y la redacción de las normas subsidiarias «se hará de forma rápida y conjunta». El propio alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, avanzó en la entrevista que publicó ayer este periódico que había pedido ayuda al Consell y que en cuestión de quince días o de un mes se comunicaría la solución a los problemas urbanísticos de la localidad. Urbanísticamente, Santa Eulària está paralizada: lleva medio año sin conceder licencias, que están siendo desviadas al Consell.
El Pacte reclama una copia del dictamen sobre el
PDSU
El grupo municipal progresista reclamará al alcalde de Santa
Eulària una copia del dictamen que encargó a un experto para hallar
una salida al problema surgido con la hipotética nulidad del PDSU.
Vicent Guasch afirmó en la entrevista publicada por este periódico
que ya lo había recibido, algo que negó en el pasado pleno. Según
señaló el portavoz progresista, Carlos Salinas, ese dictamen ha
sido pagado con dinero público, por lo que debe estar a disposición
«de todos». Salinas también criticó la «desfachatez» del alcalde
por «no asumir sus responsabilidad y culpar de la situación a sus
inmediatos colaboradores, como el teniente de alcalde, los técnicos
y la secretaria». También le recordó la obligación que tiene el
Consistorio de comprobar las notificaciones que envía el Registro
de la Propiedad.